Los militares y la Guardia Nacional: a nadie le gusta soltar presupuesto – El Financiero

El miércoles próximo participaré en una mesa para comentar un estudio elaborado por Leonardo Núñez y Jorge Andrés Castañeda, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). El título es elocuente Los militares y la Guardia Nacional: recursos en aumento, simulación, discrecionalidad y opacidad.

Como he manifestado previamente en este espacio, yo no soy de los que defienden a capa y espada que la seguridad pública esté exclusivamente en manos de civiles. Dicho sea de paso, el término ‘civil’ se suele usar de forma un tanto simplista, sin reparar en que algunas unidades de la extinta Policía Federal, e incluso algunos grupos de élite de las policías estatales, por más que estén adscritas a dependencias civiles, reciben adiestramiento y utilizan armamento de carácter marcadamente militar.

No veo mal que las Fuerzas Armadas participen en el combate al crimen organizado. Es más, esa participación me parece hasta cierto punto ineludible, al menos en tanto los grupos de la delincuencia organizada cuenten, como desafortunadamente es el caso en México, con ejércitos privados, también con adiestramiento y armamento de corte militar. Finalmente, no creo que exista tal cosa como un ‘ADN militar’, que orille a todo aquel que pisó el Heroico Colegio Militar a convertirse en una máquina de exterminio. De hecho, la actual administración, a pesar de su decisión de dejar la seguridad en manos de militares, tiene un récord menos sombrío que los gobiernos anteriores en lo relativo a ejecuciones extrajudiciales.

Dicho lo anterior, me parece que el trabajo de Núñez y Castañeda apunta a un riesgo importante de la política de seguridad de AMLO. El Ejército no es, a pesar de su tradición y de que tiene el respaldo de la mayoría de los mexicanos, una institución impoluta. Abrir sin control el grifo de los recursos, como está ocurriendo, inevitablemente genera simulaciones y corrupción (que fue lo que en buena medida ocurrió con la Policía Federal en tiempos de García Luna, cuando dicha corporación creció a un ritmo vertiginoso). A muchos mexicanos –militares y civiles por igual– debería preocuparnos que nuestro Ejército se vuelva adicto a contar con un presupuesto inmenso, que además se ejerce de forma enteramente discrecional.

Un primer tema que se destaca en el reporte de Núñez y Castañeda es que no se ha cumplido el compromiso de consolidar a la Guardia Nacional como una institución con personal propio. Como señalan los autores, el mandato de construir una fuerza policial para el desempeño de las funciones de seguridad, “al menos en lo que respecta al capital humano, ha quedado como letra muerta”. De acuerdo con el reporte, de los 100 mil elementos que en teoría conforman la Guardia Nacional, casi 60 mil siguen cobrando en Sedena. Para cualquier efecto práctico siguen siendo soldados del Ejército mexicano.

Otro tema es que la Guardia Nacional tampoco ha asumido internamente la tarea de ejercer su presupuesto en un rubro central: la edificación de cuarteles. AMLO está empeñado en que la guardia cuente con instalaciones por todo el país. Sin embargo, “la Guardia Nacional nunca ha presupuestado ni ha gastado un solo peso en inversión para la construcción de obra pública en bienes propios”. En contraste, de 2019 a 2021, la dirección general de ingenieros de Sedena ha contado con una jugosa partida de 7 mil 349 millones de pesos para la edificación de cuarteles.

Es sabido que la asignación de obra es el rubro que mayores oportunidades genera para la corrupción y el enriquecimiento. No es casual la euforia de las autoridades por construir de todo (en el ámbito de seguridad, por ejemplo, hace tiempo estuvo de moda hacer enormes C4 y C5, aunque luego se convirtieran en elefantes blancos). Por ello resulta preocupante que la Sedena no sólo se atribuya en exclusiva la ejecución de estas obras, sino que también clasifique como reservada la información correspondiente, bajo el absurdo argumento de que entregarla podría vulnerar la seguridad nacional.

Además del personal y la construcción de cuarteles, en los primeros tres años del actual gobierno Sedena también fue la responsable directa de las compras de armamento. De acuerdo con el reporte de MCCI, en términos presupuestales la Guardia Nacional es apenas un instrumento para pagar el salario de los elementos que se incorporaron desde la Policía Federal y Semar, y para gestionar algunos insumos, como el combustible y los servicios de telefonía. Los dineros que de verdad importan siempre se han mantenido bajo control directo de Sedena. Esta estructura del gasto contribuye a explicar, desde una lógica financiera, el reciente anuncio del Presidente, en el sentido de que se buscará reformar la Constitución para que la Guardia Nacional quede adscrita permanentemente en Sedena. A nadie le gusta soltar presupuesto.

Sin embargo, sé de buena fuente que no todos en Sedena quieren que la Guardia Nacional se quede indefinidamente como una rama más del Ejército. También hay militares preocupados por la situación que se expone en el reporte de Núñez y Castañeda. Desde su punto de vista, lo deseable sería que, una vez que la Guardia se consolide, tenga una vida institucional propia y que el Ejército finalmente pueda deslindarse de las tareas de seguridad pública que ha asumido.