ERA OCTUBRE DE 2014, Jesús Murillo Karam reclamaba airadamente a Amado Yáñez el destino de los autos Rolls-Royce que el empresario supuestamente traficaba desde Dubái con destino a México.
El entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR) decía tener pruebas contundentes y facturas de la colección de lujosos vehículos que Yáñez cargaba en los buques de Oceanografía.
Pero antes el dueño del principal contratista de Pemex en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón tenía que explicar dónde estaba el dinero que Banamex le había prestado contra facturas por cobrar.
Oceanografía fue asegurada por la PGR el 28 de febrero de 2014 a partir de una denuncia que Emilio Lozoya Austin operó en Pemex a instancias de Citigroup, que reclamaba 400 millones de dólares.
Era la primera ocasión en la historia que sin órdenes de cateo o acusaciones debidamente documentadas, un Procurador de la República, léase Murillo, ordenaba el despojo de una compañía privada.
Sin revisar las supuestas pruebas Yáñez contestó: “Las facturas Rolls-Royce corresponden a motores y turbinas que se instalan en los barcos de la flota de Oceanografía. No son autos señor Procurador”.
Al sentirse confundido, pero sobre todo ofendido por la respuesta, Murillo arremetía furioso: “Yo no hablo ni sé leer inglés, así que revisaremos ese caso aparte señor Yáñez”, recuerda un testigo.
Sobre el supuesto fraude, Yáñez respondía que era imposible sacar dinero de la empresa porque Banamex controlaba las cuentas y el recurso que venía de Pemex era administrado por los fideicomisos del banco.
Un subalterno de Murillo ratificó los dichos de Yáñez: la tesorería de Banamex tenía control del dinero y ningún movimiento implicaba un desfalco al prestamista, como denunciaba Citigroup.
Pero lo inaudito vino después: Murillo le dijo a Yáñez que lo liberaría si encontraban a los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de ese mismo año.
La presión de la opinión pública era insostenible. ¿Qué ocurrió después? Nunca encontraron a los estudiantes y Yáñez, sin estar en calidad de detenido, fue trasladado el 23 de octubre al Reclusorio Sur.
Las omisiones y errores de la PGR se hicieron evidentes años después. Citigroup no ha podido comprobar el fraude de 400 millones y Yáñez salió del penal el 13 de abril de 2017.
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador diga ahora que no hay impedimento legal para vender Banamex, existen medidas cautelares de un juez federal y del Tribunal Superior de Justicia.
Y ahora a Murillo el gobierno de la 4T le aplicó prisión preventiva y está detenido en el Reclusorio Norte acusado de tres delitos por el caso Ayotzinapa, donde también está el propio Lozoya Austin.
Se sabe que Yáñez está moviendo sus resortes al más alto nivel para que Gobernación, de Adán Augusto López y la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero, investiguen el actuar de Murillo.
Y es que siempre se supo del contubernio con Lozoya para quitarle a Yáñez Oceanografía y entregársela a un par de empresarios ligados al régimen de Peña Nieto.
LA DETENCIÓN EL viernes del exprocurador Jesús Murillo Karam retumbó en el viejo edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sobre todo en las oficinas de la contralora del Poder Judicial de la Federación, Arely Gómez, y del ministro presidente, Arturo Zaldívar. Y es que tras la salida de Murillo de la PGR en el sexenio de Enrique Peña Nieto, a quien ahora se le fincan los cargos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, la exsenadora y exsecretaria de la Función Pública tomó esa posición. Como procuradora, Gómez tuvo que reafirmar la famosa “verdad histórica” del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que construyó Murillo y que ahora lo tiene en el Reclusorio Norte. Andrés Manuel López Obrador, vengativo como él solo, no perdona que la señora Arely haya ocupado el puesto de Oficial Mayor de la Corte y haya sido secretaria particular del ministro Mariano Azuela, el que como presidente de la SCJN permitió en 2004 el desafuero del entonces jefe de Gobierno del DF. Por esa razón el tabasqueño se opuso a que Zaldívar la nombrara contralora, petición que éste ignoró y ahora con lo de Murillo lo tiene en una posición más que incómoda.
ALEJANDRO CABRERA FERNÁNDEZ, quien fue despedido de Petróleos Mexicanos en octubre de 2020, y quien además se presume muy vinculado al exdirigente Carlos Romero Deschamps, volvió a aparecer en la escena pública y se le vio muy cercano a la nueva dirigencia sindical encabezada por Ricardo Aldana. La reaparición de Cabrera se dio hace unos días en la ceremonia del 87 aniversario del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, donde se le vio conviviendo con la comitiva principal de dicho organismo, y en donde por parte del gobierno federal participaron Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, y Rocío Nahle, secretaria de Energía. Este suceso ha levantado suspicacias, pues basta recordar que su salida de Pemex en 2020 fue resultado de una falta a los “principios éticos” de la empresa. La cuestión es, ¿qué papel juega al interior del sindicato? Pues está por demás decir que salta a la vista la cercanía que existe entre Cabrera, Aldana Prieto y Romero Deschamps.
PUES NADA, QUE el jueves de la semana pasada fue detenido y recluido en el penal de Puente Grande, Jalisco, José Luis Fernández Prieto. El empresario radiofónico ya venía arrastrando varios conflictos con algunos de sus socios por la puesta en marcha y posterior cancelación de la emisora Aire Libre, que funcionaba en la frecuencia 105.3 de FM en la CdMx. ‘Joselo’ la tuvo que cerrar por incumplimientos en el arrendamiento con el dueño de la concesión, Eduardo Henkel, quien a su vez por la cercanía de él y su esposa, Rosaura, con la primera dama y entonces esposa de presidente Enrique Peña, Angélica Rivera, le regalaron el combo que después la reconvirtieron desde una AM, la 1560 que fue de Radio Centro de Francisco Aguirre.
EN LOS CABOS, el destino que capta mayor turismo de clase alta sigue el acoso contra conductores de plataformas digitales de transporte. El gobierno morenista de Baja California Sur de Víctor Manuel Castro Cosío, ejerce acciones injustificadas. En los operativos, calificados como excesivos por la ciudadanía, los trabajadores de las apps de movilidad son detenidos y multados arbitrariamente. Las infracciones emitidas por las autoridades ya ascienden a 20 millones de pesos. Pero se desconoce el destino de esos recursos. Diputados del Congreso lo califican de ‘atropello’ a los derechos humanos de los conductores y señalaron que es urgente legislar la materia. La persecución merma la economía de esos prestadores de servicios, el desarrollo económico y la reactivación turística de la zona.
CRÉDITO REAL VA A aportar a un fideicomiso de Nacional Financiera cartera por mil 500 millones de pesos, además de otros mil 200 millones de daciones en pago de terrenos urbanos para pagar al banco que dirige Luis Antonio Ramírez sus deudas. Al menos ese es el planteamiento que está haciendo el prestamista que dirige Felipe Guelfi. La propuesta de reestructura financiera ya se está revisando a nivel jurídico y de ahí se subirá a comités para su aprobación y posteriormente a Consejo de Administración. El pasivo total de la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple con el banco del gobierno es de dos mil 400 millones de pesos.
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