Alrededor de la mitad de los boletos en el bote —valor de otros 1.500 millones de pesos— permanecieron sin vender al final de la noche. El sorteo está programado para septiembre, cuando hasta 100 ganadores se llevarán a casa 20 millones de pesos cada uno. Los ingresos, si los hay, se destinarán a asistencia pública, que el presidente dice que asignará a los hospitales enfermos del país.

No está claro si el esquema puede tener éxito, pero el problema más grande es que parece que se paga por jugar. La recaudación de fondos presidencial para proyectos de mascotas tiene el olor de la ilegalidad porque el estado ofrece concesiones valiosas y contratos sin licitación y puede dejar pasar las facturas de impuestos impagos. Sin embargo, cuando AMLO —el presidente es conocido por sus iniciales— lo hace, nadie se atreve a detenerlo.

La economía mexicana no creció en 2019 y se espera que el estancamiento continúe este año porque las inversiones comerciales y gubernamentales se han derrumbado. Para entender por qué, no busque más allá del uso del poder ejecutivo del señor López Obrador para tratar de hacerse el salvador de la nación.

AMLO tiene una visión utópica para México en la que puede decidir cómo se ve la equidad económica y cuán rico es demasiado rico. Piensa en Bernie Sanders en español . No todas las personas ricas son humilladas, solo las que se interponen en el camino.

Las decisiones de AMLO de desechar la construcción de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México y forzar la renegociación de los contratos de gasoductos de gas natural han recibido mucha atención internacional. Su esfuerzo por limitar los salarios en el banco central puede violar la Constitución mexicana y es visto como una estratagema para perseguir a tecnócratas calificados para que pueda reemplazarlos con leales políticos.

Esto huele mal. Detrás de escena es aún peor, ya que “la ley” se usa para difundir el terror entre los oponentes. Una herramienta clave es la Unidad de Inteligencia Financiera, que deriva su poder de los compromisos internacionales para combatir el lavado de dinero. Se supone que la unidad, que está dentro del Tesoro, debe investigar actividades financieras sospechosas y pasar la información al fiscal general. En la práctica, dicen los críticos, se está utilizando para obtener el control de las instituciones que deberían ser independientes.

López Obrador sigue siendo popular porque los mexicanos todavía ven en él a un tipo que está dispuesto a enfrentar la corrupción y el capitalismo de compinches. El dinero caliente que persigue altas tasas de interés en México ha retrasado el peso, y la ratificación por parte de los Estados Unidos de un nuevo acuerdo de libre comercio de América del Norte ha eliminado una fuente de incertidumbre del mercado.

Sin embargo, 15 meses después de la presidencia de AMLO, la economía débil, la violencia desenfrenada y el colapso del sistema de salud pública han disminuido su popularidad. Todos los ojos están puestos ahora en las elecciones de mitad de período de julio de 2021. Si su Partido Morena y sus aliados ganan dos tercios de la cámara baja del Congreso y un fuerte apoyo entre los 32 gobernadores de la nación, tendrá una buena marcha en la segunda mitad de sus seis años. término. Si surge la oposición, puede convertirse en un pato cojo.

Mientras tanto, él está trabajando para consolidar la mayor cantidad de poder posible. El espectáculo de lotería en el Palacio Nacional mostró su músculo. Prodigó elogios a los magnates, felicitándolos por cumplir con su obligación moral de contribuir a sus causas.

En privado, muchos mexicanos se rieron de lo que fue visto como un acto flagrante de extorsión. El mal uso de la Unidad de Inteligencia Financiera en el Tesoro también es preocupante. Ha estado empleando su poder selectivamente para presionar a los adversarios del presidente.

De conformidad con el artículo 115 de la ley bancaria y crediticia y el artículo 41 de la ley contra el lavado de dinero, los funcionarios del Tesoro deben salvaguardar la confidencialidad de las investigaciones en curso. Además, según la ley mexicana, todos los sospechosos tienen derecho a la presunción de inocencia. Sin embargo, la unidad tiene antecedentes de violar ambas normas, hacer declaraciones públicas de condena y congelar los activos financieros de los acusados ​​y sus familias extendidas incluso antes de que se presenten cargos y sin la decisión de un juez.

El jefe de la unidad, Santiago Nieto, me dijo el sábado que la prohibición de hablar sobre investigaciones se aplica solo a la oficina del fiscal general y que usa su libertad de expresión para exponer los hallazgos. Dijo que congelar activos es una herramienta administrativa para bloquear el movimiento de dinero.

Pero la Corte Suprema de México dictaminó que la congelación de activos sin una orden judicial es inconstitucional, y el fiscal general se ha quejado de la falta de debido proceso. Sin embargo, el armamento de la unidad continúa, probablemente porque obtiene resultados.

El jefe de la comisión reguladora de energía y un juez de la Corte Suprema fueron nombrados sospechosos, junto con miembros de la familia, en posibles delitos financieros. Ambos mantuvieron su inocencia. Pero la congelación de activos significó una posible ruina financiera incluso si hubiera una exoneración eventual. Ninguno de los dos fue acusado pero ambos renunciaron. AMLO los reemplazó con sus propios nombrados a mano. Tick-tock, México.

Escriba a O’Grady@wsj.com.