Este miércoles, diputados de Morena y el PT, en la Comisión de Energía, rechazaron llevar a cabo un Parlamento Abierto para analizar a fondo la iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante esta situación, morenistas y petistas solo aceptaron un “diálogo” con ocho expertos, con duración máxima de cuatro horas, que se llevaría a cabo el próximo 6 de abril, fecha en la que continúan las vacaciones de Semana de Pascua.

“La Comisión se negó a un Parlamento Abierto, como el que hubo con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Lo pedimos diputados del PRI, PAN y MC y se negaron, solo aceptaron un diálogo en lo ‘oscurito’, esto es para que haya una aprobación en fast track“, denunció Enrique Ochoa, diputado del PRI.

De acuerdo con Reforma, Ochoa Reza también detalló que pese a la insistencia para que se abriera la discusión sobre la propuesta presidencial, con expertos del sector energético, académicos, servidores públicos y juristas, se impuso la “cerrazón” del bloque mayoritario.

Ley de Hidrocarburos podría ser inconstitucional 

Además, el legislador de oposición advirtió que en la Cámara de Diputados se toparán con la misma piedra, porque ocurrirá algo similar a la reforma eléctrica; se avalará una iniciativa de hondo calado sin un análisis serio de sus implicaciones

“Desde ahora ya se han escuchado observaciones de que la propuesta también puede ser inconstitucional, por eso era importante conocer la opinión de juristas de cómo el cambio en la Ley de Hidrocarburos también podría estar mal hecha, de cómo estaría México violando los tratados internacionales.

“Yo sostengo que sí es una reforma de gran calado y que por eso deberíamos tener a los expertos, escuchar la Comisión Federal de Competencia Económica, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Comisión Reguladora de Energía, del Centro Nacional del Control del Gas, no es cualquier reforma”, agregó.

Enrique Ochoa adelantó que esta nueva reforma corre el riesgo de ser impugnada ante tribunales; porque al igual que la ley eléctrica afectaría a las inversiones privadas del sector energético, que actualmente se rigen por las leyes aprobadas en 2014.

Con información de Reforma