El gobierno del Estado de México obtuvo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho a que los datos de la población de la entidad, correspondientes a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del segundo trimestre de este año no fueran publicados por el INEGI ni usados para el cálculo de las participaciones federales.
En la controversia constitucional presentada por el gobierno de la entidad en junio de este año se señala que las cifras de la ENOE del primer trimestre de este año, publicadas en mayo, “reportan una cantidad menor de población en relación a la realmente existente”.
El efecto fue que, de acuerdo con el gobierno estatal, en los meses de mayo y junio se recibiera un menor monto de participaciones federales.
El ministro Luis María Aguilar dio entrada a la controversia y estableció como medida cautelar que el INEGI no publicara las estimaciones de la población del Estado de México correspondientes al mes de agosto, en la ENOE correspondiente.
En virtud de que esas cifras son usadas por la Secretaría de Hacienda para calcular las participaciones, el porcentaje entregado al Estado de México aumentó.
De acuerdo con cifras de la secretaría de Hacienda, el monto entregado en agosto fue de 9 mil 856 millones de pesos, equivalentes al 13.13 por ciento del total mientras que en el mes de junio, la cifra había sido de 8 mil 635 millones, equivalentes al 11.4 por ciento del total.
El que se haya asignado una cantidad superior al Estado de México implicó una reducción relativa para las otras 31 entidades.
Se estima que la Ciudad de México haya perdido 36 millones de pesos en ese mes; Jalisco, 24 millones o Nuevo León poco más de 17 millones.
En la reunión de la Comisión Coordinadora de Funcionarios Fiscales, que reúne a las autoridades federales y a los secretarios de finanzas de las entidades federativas, realizada el 28 de septiembre en Tijuana, la secretaria de Finanzas de la Ciudad de México, Luz Elena González, señaló respecto a este caso que “las resoluciones que hasta el momento se han emitido en el proceso litigioso, alteran y desfiguran la distribución de los recursos públicos en contra de otras 31 entidades federativas y crea un estado de excepción exclusivo para la entidad promovente (el Estado de México).”
El gobierno federal ha emprendido un procedimiento de reclamo en la Corte a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, encabezada por Carlos Romero.
El recurso de reclamación señala que la controversia ni siquiera debió ser admitida. El caso le tocó abordarlo al ministro Javier Láynez, quien también fue en el pasado Procurador Fiscal. Se encuentra listado para resolverse este miércoles 13 de octubre.
Además, hay otros recursos cuestionando que se haya otorgado la suspensión al Estado de México, que tiene en sus manos la ministra Norma Piña y que aún están pendientes de resolución.
De acuerdo con especialistas consultados por El Financiero, lo más grave no son solamente los efectos presupuestales que la resolución tiene sino el precedente de que las estadísticas elaboradas por el INEGI pueden ser atacadas legalmente cuando sus resultados son contrarios a los intereses de los actores políticos.
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