CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los padres de dos estudiantes que fallecieron en el Campus Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey, durante el sismo del martes 19 de septiembre, presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), debido a que el gobierno capitalino no verificó esas instalaciones y, además, ha retrasado las investigaciones del caso.

Juan Carlos Álvarez y Otilia Berenice González, padres de los dos estudiantes, denunciaron en concreto tres omisiones:

La primera es la falta de verificación oficial que debió hacer el gobierno capitalino a esos inmuebles del Tecnológico de Monterrey, que resultaron dañados durante el sismo del 7 de septiembre y luego se vieron todavía más afectados en el terremoto del 19 de septiembre, cuando colapsaron cuatro puentes superpuestos y fallecieron cinco estudiantes.

En su queja, los padres indicaron que los mismos alumnos del Tec difundieron fotografías y videos donde muestran los daños causados por el sismo del jueves 7 de septiembre.

Sin embargo, ni la Secretaría de Protección Civil ni el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) inspeccionaron el campus para corroborar los daños del primer sismo.

La segunda omisión consiste en que, luego del sismo del 19 de septiembre, en que perdieron la vida los cinco estudiantes, se privilegió el retiro de los escombros sobre el rescate de las víctimas.

“Ninguna autoridad del Gobierno de la Ciudad de México impidió lo anterior, lo que constituye una omisión que generó violación a los derechos humanos, situación que pedimos que investigue esta Comisión”, señala la queja.

Mientras que la tercera omisión consiste en que la Procuraduría capitalina está retrasando la investigación del caso, pues estos dos padres de familia interpusieron, ante esta instancia, una denuncia contra el Tecnológico de Monterrey, el pasado 30 de octubre.

La Procuraduría local –asegura la queja ante la CDHDF—“retrasa la práctica de diligencias, propicia la impunidad y deniega a las víctimas el acceso a la justicia”.

Por último, estos padres de familia piden al ombudsman capitalino que dicte medidas cautelares para impedir la demolición de los edificios Aulas 2 y Aulas 3, que eran los que se interconectaban a través de los cuatro puentes superpuestos que se colapsaron con el terremoto.

El Tecnológico de Monterrey intenta demoler estos edificios, pero para los padres de familia con esta demolición ya no se podrían determinar las causas que provocaron el derrumbe de los puentes superpuestos que cayeron sobre sus hijos Juan Carlos Álvarez Díaz-González y Edgar Michel Anzano González, ambos de 19 años.