La discusión y aprobación del Presupuesto 2024 para el Poder Judicial de la Federación, debe abandonar el riesgo de comprometer la impartición de justicia y las prestaciones laborales y salariales de sus cerca de 40 mil trabajadores, advirtió el líder nacional del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, maestro Jesús Gilberto González Pimentel.
En la entrega al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Erasmo González Robledo (Morena), del posicionamiento y consideración sindical, cuestiona la propuesta de llevar a cabo un recorte muy significativo de los recursos presupuestales.
“Esto afectaría directa e inmediatamente a la base trabajadora, quienes hoy son los que menos ganan, pese al incremento significativo de sus cargas de trabajo y que no tienen ninguna prestación adecuada desde 2019”, reveló.
“Solo el personal operativo recibió un incremento en sus percepciones menores a los índices inflacionarios”, dijo.
Esto se puede constatar, al tener en cuenta el funcionamiento de órganos jurisdiccionales de muy creciente creación, derivados de reformas judiciales de trascendencia como los Centros de Justicia Penal Federal y los Tribunales Laborales Federales.
“Estos organismos se echaron a andar con los recursos mínimos indispensables, incluidos los humanos, de tal manera que dichos tribunales se ven obligados a atender enormes cargas de trabajo, con plantillas sumamente reducidas que derivan en afectaciones de salud de quienes las integran, al no estar posibilidad de tener períodos de descanso adecuados”, dijo.
Sostuvo que el STPJF, afiliado a la Central FSTSE, “no está en contra de una optimización de los recursos presupuestarios; pero es justo y necesario, considerar la postura de los cerca de 40 mil trabajadores del Poder Judicial Federal, al momento de discutirse y aprobarse el Presupuesto 2024”.
“A fin de que no se comprometa la impartición de la justicia, ni las prestaciones de sus trabajadores, mismas que conforme a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, no pueden disminuirse si están contenidas en las Condiciones Generales de Trabajo”, recordó el líder sindical.
También rechazó los calificativos vertidos acerca de los presupuestos autorizados al PJF y dijo que “son inexactos”.
“Tan solo para el actual ejercicio fiscal 2023, se autorizaron recursos que no llegan ni al uno por ciento del total del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que sí se reduce aún más, se alejará y no se acercará a lo idóneo para garantizar la imparcialidad y objetividad en la impartición de la administración de justicia federal”.
Señaló que las percepciones y prestaciones de la base trabajadora son resultado de la lucha sindical a lo largo de más de 80 años de existencia del STPJ, quienes hoy son los que menos ganan pese a vivir un incremento significativo en sus cargas de trabajo, sin que hasta el momento se les retribuya la prestación de sus servicios.
Este documento de cinco cuartillas se envió también a todos los coordinadores de las fracciones parlamentarias de la Cámara de diputados.
La discusión y aprobación del Presupuesto 2024 para el Poder Judicial de la Federación, debe abandonar el riesgo de comprometer la impartición de justicia y las prestaciones laborales y salariales de sus cerca de 40 mil trabajadores, advirtió el líder nacional del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, maestro Jesús Gilberto González Pimentel.
En la entrega al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Erasmo González Robledo (Morena), del posicionamiento y consideración sindical, cuestiona la propuesta de llevar a cabo un recorte muy significativo de los recursos presupuestales.
“Esto afectaría directa e inmediatamente a la base trabajadora, quienes hoy son los que menos ganan, pese al incremento significativo de sus cargas de trabajo y que no tienen ninguna prestación adecuada desde 2019”, reveló.
“Solo el personal operativo recibió un incremento en sus percepciones menores a los índices inflacionarios”, dijo.
Esto se puede constatar, al tener en cuenta el funcionamiento de órganos jurisdiccionales de muy creciente creación, derivados de reformas judiciales de trascendencia como los Centros de Justicia Penal Federal y los Tribunales Laborales Federales.
“Estos organismos se echaron a andar con los recursos mínimos indispensables, incluidos los humanos, de tal manera que dichos tribunales se ven obligados a atender enormes cargas de trabajo, con plantillas sumamente reducidas que derivan en afectaciones de salud de quienes las integran, al no estar posibilidad de tener períodos de descanso adecuados”, dijo.
Sostuvo que el STPJF, afiliado a la Central FSTSE, “no está en contra de una optimización de los recursos presupuestarios; pero es justo y necesario, considerar la postura de los cerca de 40 mil trabajadores del Poder Judicial Federal, al momento de discutirse y aprobarse el Presupuesto 2024”.
“A fin de que no se comprometa la impartición de la justicia, ni las prestaciones de sus trabajadores, mismas que conforme a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, no pueden disminuirse si están contenidas en las Condiciones Generales de Trabajo”, recordó el líder sindical.
También rechazó los calificativos vertidos acerca de los presupuestos autorizados al PJF y dijo que “son inexactos”.
“Tan solo para el actual ejercicio fiscal 2023, se autorizaron recursos que no llegan ni al uno por ciento del total del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que sí se reduce aún más, se alejará y no se acercará a lo idóneo para garantizar la imparcialidad y objetividad en la impartición de la administración de justicia federal”.
Señaló que las percepciones y prestaciones de la base trabajadora son resultado de la lucha sindical a lo largo de más de 80 años de existencia del STPJ, quienes hoy son los que menos ganan pese a vivir un incremento significativo en sus cargas de trabajo, sin que hasta el momento se les retribuya la prestación de sus servicios.
Este documento de cinco cuartillas se envió también a todos los coordinadores de las fracciones parlamentarias de la Cámara de diputados.
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