Economia y Negocios

Propone PT en el Senado brindar servicios de salud y psicológica a hijos de reclusos

menor de edad

Con el fin de brindar servicios de salud y psicológicos que garantice su desarrollo y bienestar, la coordinadora de los senadores del Partido del Trabajo (PT), Geovanna Bañuelos, propuso modificar la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Enfatizó que actualmente las hijas e hijos de personas privadas de su libertad son “invisibles” para el Estado, al ser desconocidas sus necesidades primordiales.

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“En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos que niñas, niños y adolescentes, con un padre o madre privado de la libertad, son inocentes toda vez que ellos no han cometido ningún delito ni deben ser castigados, estigmatizados y ni sufrir ningún tipo de violencia en el hogar, escuela, comunidad o en el sistema penitenciario por la conducta de sus padres”, expresó la legisladora.

En este sentido, Geovanna Bañuelos invitó a las autoridades a hacer un análisis profundo y exhaustivo sobre la situación que atraviesan los Centros de Readaptación Social (Cereso) tanto en el ámbito federal como estatal, pero sobre todo de las condiciones de desarrollo e integridad de los internos y de sus hijos menores.

“Debemos dotar a las hijas e hijos menores un acompañamiento psicológico que les ayude a garantizar su bienestar ante la situación que conlleva el distanciamiento y los múltiples cambios que sufren derivado de la situación de sus padres o madres”, aseveró la líder petista.

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Por ello, también propuso establecer como obligación de los centros penitenciarios el recibir y salvaguardar la información relativa a los hijos e hijas de personas privadas de la libertad y de quién tiene la custodia para que sea proporcionada a las autoridades correspondientes para que brinden los servicios de atención y seguimiento que en su caso requieran para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.

“Ellas y ellos no deben ser invisibles, ellas y ellos son inocentes. Es deber del Estado mexicano proteger y garantizar sus derechos”, enfatizó Geovanna Bañuelos.

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