El Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD) presenta una primera evaluación del cambio político ocurrido en México en este año que termina. Es una suma de definiciones y preocupaciones ante una situación que nos ha colocado en los límites del sistema de partidos creado por la transición democrática al menos, desde 1997.
Este documento es una visión sobre el presente y el futuro político, fruto de una discusión colectiva. Es también una reivindicación de las prácticas democráticas, los principios del pluralismo y el fortalecimiento de instituciones arduamente construidas como vehículos para transformar -en paz- la realidad social y expandir con libertad el ejercicio de los derechos ciudadanos.
Es un llamado a repensar nuestra política, las instituciones y la democracia mexicanas, sin prisa, de modo abierto, sin prejuicios y sobre todo para mejorar el tipo de deliberación pública que necesita un país con problemas inmensos, extremadamente desigual, sumido en un periodo violento como no había visto desde la Revolución e inevitablemente influido y afectado por un contexto mundial convulso y proclive a los extremismos.
En estos días acudimos a una nueva transferencia pacífica del poder político, la tercera alternancia en cuatro elecciones presidenciales celebradas después del proceso histórico de transición democrática (fechada por nosotros de 1977 a 1997). Esta transferencia del poder ha sido posible porque fue habilitada por elecciones genuinamente democráticas. La llegada del nuevo gobierno es la prueba viviente de un esfuerzo colectivo, histórico, mediante el cual México construyó un marco institucional que hace posible el ejercicio efectivo, el cuidado y el cómputo de la voluntad soberana de los mexicanos.
Luego de más de cinco meses de acciones, dichos, reacciones y debates más o menos caóticos, acalorados y hasta iracundos durante el periodo de tránsito hasta la toma de posesión del nuevo Presidente, creemos que la situación merece una amplia revisión, una crítica fundada en principios y argumentos, no en adjetivos. Apostamos a la conversación pública, al debate racional y, sobre todo, a una re-conducción de la vida política y de gobierno para avanzar en los asuntos medulares de nuestro tiempo: derechos humanos y seguridad; pobreza y desigualdad; combate a la ilegalidad y la corrupción, al tiempo que se fortalece nuestra democracia.
Con ese ánimo, hemos querido hacer pública nuestra posición acerca de los dichos y los hechos del nuevo gobierno que a partir del primero de diciembre ha asumido la responsabilidad de conducir nuestro país.
I.- ¿ADIÓS AL PLURALISMO?
Si algo define el cambio político del año 2018, es la enorme y brusca modificación en la competencia y la representación políticas de México. Desde 1997 –año en que el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y que Cuauhtémoc Cárdenas ganó para la izquierda la capital del país- el escenario político se definía, por sobre todas las cosas, como un avance de la pluralidad y en épocas recientes, por una creciente fragmentación.
Pero los partidos, dirigentes, líderes y corrientes políticas tomaron nota y reaccionaron a ese escenario, evaluado negativamente por buena parte de la opinión pública y analistas de toda índole por ser, supuestamente, “productor de parálisis gubernamental”. La respuesta consistió en una reagrupación de partidos (en ocasiones difícil de explicar) que desembocó en tres grandes referentes para la elección de 2018. En lugar de asistir en singular, con siglas y banderas clásicas de cada partido (como ocurre en los regímenes parlamentarios), se apiñaron solo tres grandes coaliciones cuyo objetivo primordial era precisamente ese: eludir la fragmentación. En lugar de 4, 5 o 6 opciones (tal y como ocurrió en el año 2000, 2006 y 2012), se presentaron a la boleta presidencial solamente tres candidatos (más un independiente, indebidamente registrado por el efecto de una sentencia del Tribunal Electoral).
Los datos gruesos son elocuentes y ayudan a comprender el brusco viraje sucedido ese primero de julio. Los tres partidos que habían escenificado los primeros 20 años de la democracia mexicana (1997-2018) perdieron con estrépito:
- En relación a la votación presidencial del año 2012, el PAN disminuyó 2 millones, 736 mil sufragios.
- El PRI perdió 8 millones 677 mil
- El PRD fue drenado, con 9 millones 519 mil votos menos que en 2012.
El candidato por la coalición “Juntos haremos historia” integrada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES), triunfó con el 53.19 por ciento, es decir, 30 millones 113 mil 483 sufragios. Morena le aportó al candidato ganador el 44.5 por ciento de los votos; el PT, el 6 por ciento y Encuentro Social el 2.7 por ciento. Hasta ahora, es el presidente más votado en México en números absolutos. Su legitimidad democrática está fuera de toda duda. En su justa dimensión uno de cada dos ciudadanos mexicanos que acudieron a las urnas, votaron por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, fruto de elecciones libres y equitativas, ellas mismas, fuera de toda duda.
Ahora bien, la oscilación fue también amplia y drástica (tratándose de un partido nuevo) en el Congreso de la Unión. Morena obtuvo en el Senado 37.5 por ciento de la votación y en la Cámara de Diputados, 37.2 por ciento, es decir, algo más que un tercio en el conjunto de la representación congresual. No obstante, la distancia con el segundo lugar (el PAN) es notable, pues este partido obtuvo el 17.59 por ciento en una y el 17.93 por ciento en la otra.
Es una constante en casi todos los diagnósticos sobre aquella elección: en su tercer intento para alcanzar la presidencia del país, López Obrador captó una gran parte de los malestares, miedos, esperanzas, ilusiones e irritaciones de los mexicanos (insistimos, uno de cada dos votantes) pero –y este es nuestro punto de partida- ese enorme viraje no despidió de nuestra historia a la pluralidad política del país, pluralidad legítima y genuina, un hecho social e histórico que convirtió a la democracia en una absoluta necesidad nacional.
La diversidad política está ahí, tanto que el tercio obtenido por Morena en sus votos fue convertido en mayoría absoluta dentro de las Cámaras –a las buenas y a las malas, dando vuelta a la Constitución la cual establece que entre votos y escaños no puede existir una diferencia mayor del 8 por ciento en la Cámara de Diputados-. Así inscribieron militantes propios en las listas de los partidos aliados y tuvieron que ir en busca de otros partidos para poder alcanzar la mayoría (50 por ciento más uno) en ambas Cámaras pues por sí solo, el partido del Presidente electo no lo habría logrado.
Los datos no dejan lugar a duda: la coalición “Juntos haremos historia” (Morena, PT y PES) logró el 43.65 por ciento de los votos en el Senado, pero tendrá el 53.9 de los escaños. Mientras que, en la Cámara de Diputados, la misma coalición cosechó, sumada, el 43.5 por ciento, pero tendrá el 61.6 de las curules. En todo caso, es importante recordar que seis de cada diez electores reales, optaron por fuerzas distintas a la Coalición de Morena, para ambas cámaras del Congreso de la Unión.
Con esta re-visita de los datos queremos poner en perspectiva el inédito fenómeno electoral del 2018. Veamos.
De las 8 gubernaturas y una jefatura de gobierno, Morena logra sus primeros gobiernos estatales en tan solo cuatro años de existencia (Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Tabasco y Veracruz). El PRI en cambio sufrió una derrota en toda la línea con la pérdida de sus gobiernos en juego ( dos de dos, Jalisco y Yucatán). El PRD padeció la misma derrota en 3 de 3 gobiernos locales (Ciudad de México, Morelos y Tabasco), mientras que el PAN pudo mantenerse estable en 2 de 3 gobiernos (Guanajuato, Puebla y perdió Veracruz) pero alzándose con el triunfo en otro (Yucatán). Destaca, por supuesto, Movimiento Ciudadano que obtuvo su primera gubernatura: la del estado de Jalisco.
La pluralidad está aquí, entre nosotros: 27 gobernadores de México no pertenecen a Morena y militan en otros cuatro partidos –sobre todo en el PAN y en el PRI-, con Jalisco para Movimiento Ciudadano y Michoacán gobernado por el PRD.
Pero el pluralismo se expresa aún con más fuerza en el último peldaño de la gobernabilidad: alcaldías y municipios donde se reveló una diferenciación del voto mucho mayor y una fragmentación que en este caso es dominante y contrastante frente a la mayoría que testificamos en la elección presidencial.
Los liderazgos inmediatos, cercanos, pesaron más a tal punto que la coalición “Por México al Frente” (PAN, PRD, MC) gobernará 367 municipios de los que estuvieron en disputa, mientras que “Juntos haremos historia” lo hará en 302 y “Todos por México”, en 154 casos.
Por partido, esa relación es otra, pero todavía más diversa: el PRI triunfó en 302 ayuntamientos, seguido del PAN con 98 y el PVEM con 72. Más atrás se ubican MC con 54, PRD con 49, Nueva Alianza con 51, Morena con 30, Partido del Trabajo en 14 y Encuentro Social en 1 localidad. Otras combinaciones de alianzas lograron 71 municipios y pudimos ver 20 victorias para candidaturas independientes, cosa que no alcanzaron en ningún otro nivel de esta enorme contienda.
En resumen: de los mil 598 municipios disputados en México durante 2018, 347 fueron ganados por Morena o por su Coalición (el 21.7 por ciento del total). Aún no sabemos cómo acabarán alineándose los alcaldes y los cabildos locales, pero su explosión plural es un hecho político a tomar en cuenta en la discusión actualísima sobre nuestro federalismo constitucional.
De modo que, al analizar cuidadosamente los datos, junto al triunfo amplio y claro de López Obrador para la presidencia, con menos visibilidad, pero no menos realidad, seguimos viviendo en un México heterogéneo, disímil y en muchas ocasiones, discorde y opuesto a la corriente hoy dominante. Mientras más descendemos en los niveles de gobierno, más fragmentada y plural aparece la voluntad nacional. Incluso, es posible afirmar que la elección de 2018 sea la mayor demostración del voto diferenciado en la breve historia democrática de México.
Llamamos la atención sobre un último dato que resulta ejemplar: López Obrador obtuvo en seis estados la mitad de su votación total nacional (en Veracruz, Estado de México, Chiapas, Ciudad de México, Jalisco y Puebla). Si excluimos a Veracruz (donde no se celebraron elecciones municipales) aparece el fenómeno señalado: de las 605 alcaldías disputadas, Morena y su Coalición se alzó con el triunfo en 150, es decir, en el 24.7 por ciento de los casos. Traducido a votos, quiere decir que en esos cinco estados (que fueron su principal cantera), 4 millones 360 mil votaron por opciones para alcaldes o presidentes municipales distintas a las del Presidente electo.
No nos parece irrelevante, sino al contrario: de abajo hacia arriba, también hacia los lados (con los otros poderes constitucionales y las instituciones autónomas), el mapa político de México sigue siendo abigarrado y complejo, sujeto a fluctuaciones, nuevos humores públicos, contrapesos organizados y sin mandatos unívocos.
La pluralidad no es una argucia retórica, sino un hecho demostrable precisamente en los mismos estados que le otorgaron la mayor cantidad de votos al licenciado López Obrador. Este registro debería ser una de las bases de la discusión política en curso. Dicho en breve, “el pueblo” es sinónimo de pluralismo, “el pueblo” es en realidad una sociedad vasta y heterogénea. Son las instituciones políticas todas, los órganos representativos en su conjunto, los depositarios legítimos del mandato y la soberanía popular.
Las condiciones regionales, sociales, culturales, económicas y políticas (apenas reseñadas aquí) no nos permiten suponer siquiera la posibilidad (ya no digamos la virtud) para la construcción de una utopía híper mayoritaria (con el apellido que sea) o de una sociedad orgánica donde el pueblo habla en tono uniforme, a través de un solo intérprete. Y todo intento para volver uniforme este país múltiple, está condenado a provocar nuevos conflictos o la quiebra de relaciones federales e institucionales sobre las que descansa la estabilidad política, el poder y la legitimidad del Estado, incluyendo, por supuesto, del poder ejecutivo federal.
En suma: un Presidente electo por el voto de la mitad de los ciudadanos. Un Congreso federal con mayoría absoluta de Morena permitido por viejas fórmulas de traducción de votos en escaños y a una operación política que sobre-representa a esa fuerza. 27 gobernadores que provienen de partidos distintos al del Presidente y una abigarrada diversidad en el archipiélago municipal de México. Esta es la realidad de la política sobre la que deberá actuar –y está actuando- el proyecto de López Obrador, una realidad que, por eso, seguirá exigiendo el expediente del diálogo y de los acuerdos políticos con “los otros”, si no por virtud, por la apremiante necesidad de gobernar.
Consultar documento íntegro aquí
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