El desprestigio de la Secretaría de Salud es producto sobre todo del fracaso del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y el pésimo manejo de la pandemia. En 2019 la actual administración federal decidió desaparecer el instrumento de protección financiera representado por el Seguro Popular y dejar la prestación de servicios de salud para la población sin seguridad social en manos del Insabi. El mal diseño y la mala implantación de este instituto produjeron un descenso sin precedentes de la cobertura de atención.Según el Coneval, el número de mexicanos sin acceso a servicios de salud pasó de 20 millones en 2018 a 50 millones en 2022. El empobrecimiento de la oferta de servicios públicos y la falta de medicamentos, resultado del imprudente desmantelamiento de la compra consolidada, ahora agravado por la dispendiosa e inoperante ocurrencia de la megafarmacia, han disparado el uso de los servicios privados de salud y el gasto de bolsillo.

El incremento de este gasto, a su vez, ha generado un aumento en el número de hogares con gastos catastróficos y empobrecedores por motivos de salud, que pasaron de 2.7 millones en 2018 a 4.7 millones en 2020, cifra que se mantuvo en 2022. Estos niveles de desprotección financiera no se veían en México desde hace 20 años. Entre tantos fracasos de la política pública de salud, el actual gobierno será recordado por la contradicción flagrante entre sus declaraciones fantasiosas (Dinamarca incluida) y la experiencia de una privatización de facto que ha arruinado a millones de familias.

El otro gran desacierto de la Secretaría de Salud fue el manejo de la pandemia de Covid, que puso a prueba los cambios puestos en marcha, con macabra coincidencia, unos cuantos meses antes. Al cierre de abril de 2023, cerca de la declaración oficial del fin de la emergencia sanitaria por la OMS, el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud reportaba más de 770 mil muertes por Covid-19 en México, una de las cifras más altas del mundo. Tal exceso de mortalidad produjo, además, la primera reducción generalizada de la esperanza de vida en un siglo. En 2021 este indicador retrocedió hasta el nivel de 1991, lo cual representa una pérdida de tres décadas de progreso.

La devaluación de la Secretaría de Salud es resultado de la transferencia del poder dentro del sector al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El fracaso del Insabi no llevó al gobierno federal a reconocer sus errores y cambiar de estrategia, sino más bien a una nueva aventura mal concebida, un nuevo palo de ciego. Sin un diagnóstico preciso ni una idea clara sobre el objetivo final, se decidió transferir la responsabilidad de prestar servicios de salud a la población sin seguridad social, de manera centralizada, a un nuevo organismo confusamente denominado “Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar” (IMSS-Bienestar o IMSS-B).

Si lo que se deseaba era integrar al sistema nacional de salud alrededor del IMSS, había opciones adecuadas para lograrlo, como hemos señalado antes en estas mismas páginas (REFORMA, 6 y 8 de febrero de 2023). Pero el esquema por el que se optó no hace sino reforzar el carácter segregado del sistema de salud, merced al cual las personas atendidas por ese nuevo organismo tendrán vedado el acceso a las clínicas, hospitales y centros de alta especialidad del IMSS ordinario.

No es que éste último sea un modelo de buen desempeño. Los servicios regulares del IMSS han sufrido un deterioro significativo, que lleva a que un tercio de la demanda por servicios médicos de sus derechohabientes deba satisfacerse en otras instituciones, incluyendo las del sector privado. Aun así, el nivel de recursos del régimen ordinario es muy superior al del IMSS-Bienestar. Bajo la conducción del IMSS coexisten ahora un servicio de segunda para los derechohabientes del régimen ordinario y un servicio de tercera para los pobres a quienes se les expropiaron los beneficios del Seguro Popular y quienes deben ahora conformarse con una atención parcial que excluye la alta especialidad.

Lo peor, sin embargo, de este nuevo salto al vacío es que impone la transferencia de casi todos los recursos para la atención de la población sin seguridad social de la Secretaría de Salud federal y los Servicios Estatales de Salud al IMSS-B, incluyendo funciones cruciales de rectoría. Además del galimatías jurídico que esta transferencia está creando, ella implica de facto la entrega del poder del sector salud al IMSS y el consiguiente debilitamiento de los órganos centrales del Estado.

Parte de la triste herencia del equipo de salud de la 4T será una Secretaría de Salud ya no sólo desprestigiada, sino también disminuida en recursos y en poder, lo que socavará el desarrollo de sus tareas de rectoría. Al despojo de funciones esenciales que está sufriendo la Secretaría de Salud se agrega, como insulto final, el de su emblemática sede, ubicada en la calle de Lieja esquina con Paseo de la Reforma. Como parte de la absurda ocurrencia de descentralizar la administración pública federal, las oficinas principales de dicha secretaría se trasladaron al puerto de Acapulco a principios de 2022 y su edificio histórico se cerró para eventualmente convertirlo en museo.

Pero todo ello fue una costosa simulación: el equipo directivo de dicha secretaría siguió trabajando en dispersas oficinas de la Ciudad de México y visitando solo ocasionalmente las nuevas instalaciones ubicadas en la Costera Miguel Alemán de Acapulco.

Al poco tiempo dejaron incluso de visitarlas y ahora la nueva sede no puede operar debido a los daños provocados por el huracán Otis.

No deja de haber algo de esquizoide en la postura del gobierno respecto al tema de la descentralización. Por un lado, se propone la descentralización física de una dependencia federal cuyas funciones tienen un carácter intrínsecamente nacional, que se cumplen de manera más efectiva y eficiente desde la capital del País. Por el otro, se impone la centralización administrativa de la atención directa a la población, algo que es intrínsecamente local.

Es el mundo al revés. Esta decisión ejemplifica el debilitamiento de las instituciones públicas que paradójicamente ha emprendido un supuesto gobierno de izquierda. En efecto, el ahora clausurado inmueble de Lieja tiene un valor histórico y simbólico enorme. Fue el primer edificio que erigió el Estado posrevolucionario con el fin específico de albergar una sede de gobierno, destinada desde el inicio a la autoridad sanitaria. El resultado acumulado de los errores de la 4T es una Secretaría de Salud errática y errante, despojada no sólo de la autoridad sino incluso del espacio físico necesario para cumplir su vital función.

El próximo gobierno deberá tener como tarea inmediata en materia de salud reparar los enormes daños institucionales ocasionados por esta administración. Dentro de las medidas urgentes que deberán tomarse destacan la reconstrucción del sistema de compra consolidada de medicamentos, el establecimiento de un plan de emergencia para revertir el incremento de las muertes maternas, el fortalecimiento del Programa de Vacunación Universal y el rediseño del Sistema de Vigilancia Epidemiológica a partir de las lecciones que dejó la pandemia de Covid-19.

También será necesario reafirmar el papel que como ente rector federal debe jugar la Secretaría de Salud y restablecer cuanto antes su sede en el histórico edificio de Lieja. En el mediano plazo, el objetivo será garantizar a todas las personas el ejercicio efectivo de los mismos derechos en materia de salud, es decir, protección igual para todos. Para conducir este enorme esfuerzo de renovación hacia un sistema verdaderamente universal, México deberá contar nuevamente con una Secretaría de Salud valorada, vigorosa y visionaria.

– Julio Frenk es rector de la Universidad de Miami y Octavio Gómez Dantés es investigador del Instituto Nacional de Salud Pública. Este artículo expresa los puntos de vista personales de los autores y no refleja la posición de las instituciones donde trabajan.