Tiene Aguascalientes más de 200 reos por delitos federales en sus cárceles | Newsweek México

En Aguascalientes la población de sus cárceles es de 1,657 personas, de acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), presentado en mayo de 2021. Sin embargo, de ellos prácticamente el 13% son personas privadas de la libertad que se encuentran procesadas o sentenciadas por delitos federales.

Como respuesta a la solicitud de información realizada a la Plataforma Nacional de Transparencia, con folio 00482921, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) informó que actualmente se cuenta con una población de 222 personas privadas de la libertad que se encuentran indiciadas, vinculadas a proceso o sentenciadas por haber cometido algún delito federal.

El CERESO para Varones Aguascalientes registra una población de 143 personas privadas de la libertad imputadas por delitos federales, de los cuáles 81 se encuentran vinculados a proceso y 62 sentenciados. Esta cantidad representa el 13.4% de la población actual.

Los delitos más comunes en el ámbito federal en este CERESO son: delitos contra la salud (82 personas), portación de armas de fuego (38 personas), portación de cartuchos de uso exclusivo del Ejército (13 personas), transporte de narcóticos (3 personas), tráfico de indocumentados (3 personas), desaparición forzada de personas (2 personas), delincuencia organizada y uso de monedas falsas, con una persona cada uno.

En el CERESO El Llano se tienen 51 personas sentenciadas por delitos federales, lo que representa el 10.4% de la población total.

Los delitos más comunes son: delitos contra la salud en posesión, transporte y venta de clorhidrato de metanfetamina “crystal” (7 personas), posesión ilegal de armas de fuego y cartuchos o de uso exclusivo del Ejército (7 personas), delito contra la salud en posesión, transporte o venta de marihuana (5 personas) y delito contra la salud en posesión, transporte o venta de psicotrópicos (3 personas).

Asimismo, se cuenta con internos sentenciados por posesión ilícita de hidrocarburos, homicidio doloso y calificado y violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos.

Finalmente, en el CERESO Femenil se cuenta con 28 mujeres vinculadas o sentenciadas por delitos federales, lo que equivale al 25.4% de la población total.

En este centro penitenciario el delito federal más común es la posesión, transporte o venta de clorhidrato de metanfetamina “crystal”, pues al menos 13 mujeres están imputadas por él.

Le sigue la posesión, transporte y venta de marihuana y de psicotrópicos.

Gobernador de Aguascalientes pide trasladar a reos federales a CEFERESOS

En su última reunión con el gabinete de seguridad pública del gobierno federal, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, pidió que las personas privadas de la libertad que se encuentran imputadas por delitos federales fueran trasladadas a Centros Federales de Reinserción Social (CEFERESOS), en los que se cuenta con mayor seguridad y cuya población son principalmente internos de delitos federales.

“Nos expusieron la información sobre los CERESOS, la capacitación y certificación de policías y después nosotros presentamos las cifras que traemos en delitos el fuero común y del fuero federal, ahí les volvimos a reiterar que se lleven a las personas privadas de la libertad de delitos federales, porque nuestros CERESOS se están llenando por las carpetas de investigación que se están judicializando y simplemente pedimos eso”, señaló el mandatario el pasado 8 de julio.

No obstante, la legislación federal brinda la oportunidad a las personas sentenciadas por delitos del orden federal de que puedan compurgar su condena en prisiones estatales, de acuerdo al artículo 3° de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados:

“Podrá convenirse también que los reos sentenciados por delitos del orden federal compurguen sus penas en los centros penitenciarios de los gobiernos estatales, cuando estos centros se encuentren más cercanos a su domicilio, que los del Ejecutivo Federal, y que por la mínima peligrosidad del recluso, a criterio de la Secretaría de Seguridad Pública, ello sea posible”.