Un juez federal admite amparo promovido por sobrino de Genaro García Luna; ‘araña’ la libertad – Gaceta de Tamaulipas

Por Agencias Ciudad de México.- Un juez federal admitió la demanda de amparo que promovió Édgar Anuar Rodríguez García, sobrino de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), contra la vinculación a proceso dictada en su contra por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. El sobrino de García Luna presentó el juicio de amparo el pasado 4 de enero ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales del estado de México, donde reclamó la resolución del 20 de diciembre de 2022 emitida dentro de la causa penal 43/2023. Sin embargo, la jueza Diana Abraján Peña, no le otorgó la suspensión provisional “toda vez que no existe petición expresa de la parte quejosa”. La togada agendó para el próximo 29 de enero la celebración de la audiencia constitucional donde determinará si le concede la suspensión definitiva contra los actos reclamados. El pasado 15 de diciembre Gloria García Luna y Édgar Anuar Rodríguez García, hermana y sobrino de García Luna, fueron detenidos y puestos a disposición de jueces federales para que enfrenten acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. La mujer fue detenida en un domicilio de la colonia Lomas de la Selva, en Cuernavaca, Morelos, junto con Édgar Anuar. Las órdenes de aprehensión fueron giradas por jueces federales con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México. Ambos detenidos son señalados de formar parte de la red de corrupción que realizó desvíos millonarios de recursos públicos que estaban destinados al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, que se encarga de la operación y manejo de las prisiones federales. El 20 de diciembre Gregorio Salazar, juez de Control del Centro de Justicia Penal federal con sede en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, los vinculó a proceso y confirmó la prisión justificada por los delitos operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Además dio de plazo seis meses para el cierre de la investigación complementaria. (La Jornada).