¿Y el sector privado?

09 Feb. 2019

No se ha resuelto adecuadamente ni un solo escándalo de corrupción del sexenio anterior, y ya empiezan a sembrarse las semillas de futuros escándalos en el nuevo gobierno, que involucran a empresas. La reunión en el restaurante La Alcachofa para acordar con empresarios nuevos contratos de obra pública, a cambio de los cancelados en Texcoco; las pipas de Pemex compradas a través de un acuerdo oscuro y privado; la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, que ya se prometieron a empresarios de la región por invitación restringida; o las tarjetas para distribuir dinero de programas sociales a través del banco de un asesor económico del gobierno.

Los casos de corrupción del sexenio anterior, y los nuevos que empiezan a construirse, tienen dos rasgos comunes: primero, empresas y empresarios que colaboran activamente con el gobierno para burlar el orden jurídico, y segundo, la búsqueda de privilegios especiales.

En todas las democracias del mundo esta dinámica es común. El riesgo de colaboración entre servidores públicos y empresarios para obtener beneficios ilegales a través del mal uso del poder público es permanente. Por eso, en las democracias exitosas del mundo se ha puesto énfasis en el desarrollo de sistemas de integridad completos al interior de las empresas. En estos países se ha demostrado que el riesgo de corrupción se reduce cuando el sector privado entiende y asume la importancia de una cultura de integridad en los negocios. El sector privado se convierte así en un dique que hace más difícil el mal uso del poder público.

Hoy en México hay tres tipos de empresas. Primero están las grandes empresas transnacionales que tienen muchos años consolidando sus sistemas de integridad y creando cadenas de valor en las que se exige un estándar cada vez más completo. Después hay un gran sector de empresas medianas y grandes que quieren entrar al tema de integridad, y buscan activamente una forma de empezar. Y finalmente están las empresas que han invertido demasiado dinero, tiempo y esfuerzo en la consolidación de redes e intereses políticos, y prefieren mantener los privilegios ganados.

Por otro lado, está el artículo 25 de la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas que inaugura en México la discusión sobre la política de integridad como forma de limitar la responsabilidad de una persona moral involucrada en un caso de corrupción. Se trata de siete principios que recogen las mejores practicas internacionales, reducen los riesgos de corrupción al interior de las empresas, y limitan las relaciones ilegales con las diferentes instancias de gobierno.

Así, el contexto es el ideal para que el sector privado asuma el compromiso para convertirse en un verdadero dique que detenga la expansión de la corrupción. Los empresarios mexicanos no deberían esperar a conocer el nivel de compromiso en el tema por parte del nuevo gobierno, y podrían generar un nuevo movimiento que convierta a la integridad en el nuevo estándar y modelo de negocios en México.

Esto no es sólo una labor social a favor de la democracia mexicana. Está demostrado en el mundo que las empresas que adoptan verdaderos modelos de integridad son más sustentables en el largo plazo, porque reducen sus riesgos, mejoran sus procesos y generan una imagen de confianza en la sociedad.

El combate a la corrupción en México puede convertirse en la bandera más importante del sector privado. El contexto es el ideal para que los empresarios de México se conviertan en un pilar de la democracia mexicana, y así la economía nacional se sustente en negocios limpios.

El autor es especialista en temas de Integridad y Anticorrupción.

Fuente: https://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=150806