Ariel Zanchetta recurrió a los métodos más tradicionales de los “plumas” para “caminar” a sus “objetivos”. También apeló a cámaras ocultas y a drones. Y a una docena de teléfonos celulares y a correos electrónicos con nombres falsos. Pero llegó más lejos que otros espías: utilizó un canal de conversación secreto y encriptado con nivel de seguridad militar para comunicarse con terceros y recurrió a una aplicación de uso restringido a gobiernos para infiltrar teléfonos, según reconstruyó LA NACION.

Ese canal de comunicación con nivel de seguridad militar que utilizó Zanchetta se llama “Wickr-Top Secret Mensajero”, está disponible para sistema Android y ofrece un servicio de intercambio de mensajes que encripta “end to end”, lo que dificulta o impide que el ida y vuelta con terceros pueda ser hackeado.

Zanchetta utilizó ese canal encriptado para comunicarse con informantes; también, para enviar el material recolectado a pedido de quienes contrataron sus servicios de inteligencia ilegal. Algunos de ellos continúan en las sombras y hasta el momento sólo existen indicios sobre ellos. Así, por ejemplo, en uno de sus dispositivos aparecieron archivos titulados “Diputado pedido”, “Fernández pedido”, “Pedido Ciro” y “Pedido”, entre otros.

Los hallazgos iniciales, sin embargo, ya permitieron detectar a algunos de los que recurrieron a los servicios de Zanchetta, como el expresidente de Télam y actual alto funcionario de la Agencia Federal de Ingresos Públicos, Fabián “Conu” Rodríguez, o quienes interactuaron con él, como el diputado ultrakirchnerista Rodolfo Tailhade.

En ese sentido, el fiscal federal Gerardo Pollicita también procura determinar si tres interlocutores habituales de Zanchetta trabajaron o todavía trabajan en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), donde el otrora suboficial de la Policía Federal se habría desempeñado durante años como agente inorgánico, algo que negaron desde el organismo ante la primera consulta de la Justicia.

De todos modos, los investigadores que hurgan en el material secuestrado al otrora sargento primero de la Policía Federal tienen por delante un largo camino. Entre otros motivos, porque Zanchetta recurrió a doce líneas telefónicas a su nombre, más otra a nombre de su esposa, al menos once casillas de correo electrónico en los que no figuró su nombre y tres usuarios de Instagram con otras identidades.

A medida que avanzan, sin embargo, los sabuesos judiciales suman nuevos nombres al listado de víctimas del espionaje ilegal. Figuran, según confirmó LA NACION, Karina Milei, hermana del candidato presidencial; Agustina Macri, hija del expresidente; la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, y el jefe de la custodia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Diego Carbone.

El listado de víctimas también abarca a la titular de la Anses, Fernanda Raverta; al ministro de Turismo, Matías Lammens; a la exministra de Justicia Marcela Losardo, a una decena de intendentes –actuales o pasados- del conurbano bonaerense, como Fernando Gray, Ariel Sujarchuk, Julio Garro y Martiniano Molina, artistas como Florencia Peña y el periodista Horacio Verbitsky.

Las tareas de inteligencia ilegal de Zanchetta, sin embargo, fueron más allá de sus objetivos “primarios”, porque también abarcaron a múltiples objetivos “secundarios”. Así fue como, por ejemplo, en los dos “informes de inteligencia” que preparó sobre el actual secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de La Plata, Luis Barbier, incluyó a su exesposa, Cristina di Marzio -junto a su pareja actual-, a su hermana, a su actual pareja y hasta a un sobrino, Nicolás Barbier, con detalles sobre su militancia en La Cámpora y su interacción con Eduardo “Wado” de Pedro.

Para producir esos “informes de inteligencia”, Zanchetta accedió de manera ilegal a bases de datos personales que sólo debería consultar personal autorizado o un juez competente. Consultó a Migraciones, Registros de la Propiedad Automotor y el portal del Gobierno bonaerense. Y recurrió a bases privadas de información como SudamericaData Group, a la que el fiscal Pollicita acusó de ocultarle información a la Justicia.

“Uso restringido para gobiernos”

Los investigadores judiciales detectaron que Zanchetta también habría recurrido a un software de “uso restringido para gobiernos”, “Clase Alpha”, que permitiría infiltrarse en los teléfonos móviles y acceder a un amplio abanico de contenidos, sin autorización ni conocimiento del dueño de la línea. Habilita a conocer desde los mensajes entrantes de WhatsApp, Facebook Messenger y SMS, al historial de llamadas entrantes y salientes, además de obtener claves de acceso, registrar el audio ambiental, activar el GPS para determinar la ubicación del aparato y tomar fotos.

Todo esto, sin embargo, podría ser apenas el comienzo. ¿Por qué? Porque hasta ahora, los expertos involucrados sólo analizaron parte de los más de 12.500 archivos de imagen, audios, videos, bases de datos, documentos, comprimidos y mensajes acumulados en dos dispositivos que utilizó Zanchetta: un teléfono celular Samsung SM-A105M y una notebook Toshiba.

Las fuentes consultadas por LA NACION indicaron, de todos modos, que será difícil completar la revisión de los archivos, plataformas o programas que pasaron por las manos de Zanchetta. Varios requieren programas especiales para abrirlos y otros requieren contraseñas de acceso que se desconocen. Entre ellos, un documento de Excel, dos de Word y nueve PDFs.

Completado el análisis del teléfono Samsung y la notebook Toshiba, además, los sabuesos deberán cotejar otros 17 dispositivos. Incluyen computadoras, notebooks, netbooks, pendrives, tarjetas de memoria, celulares, discos rígidos, tarjetas de memoria y SIM, módems y hasta una mini grabadora.

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