Quintana Roo

México podría pagar muy cara la batalla de AMLO vs la empresa Calica

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El diferendo que mantiene el gobierno de México con la empresa estadounidense Sac-Tun, antes Calica, podría costarle a nuestro país una sanción de por lo menos 1,500 millones de dólares, pues la firma acaba de obtener medidas cautelares de parte del Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), instancia que ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador dejar de atacar al consorcio.

“El Tribunal considera que los comentarios públicos realizados por el presidente de México, sobre los reclamos de la demandante, y los daños buscados en este procedimiento, ponen en peligro la integridad del proceso arbitral y equivalen a enjuiciar la disputa en los medios de comunicación y otros foros públicos”, dice el fallo de medidas cautelares, cuya copia posee ALTO NIVEL.

Al considerar procedente la demanda y las solicitudes de Sac-Tun (Calica), empresa filial del corporativo Vulcan Materials, el Tribunal internacional refiere que lo mencionado por el mandatario, en relación con la firma, ya le ha traído severas consecuencias a esta.

“Dicho daño es irreparable, en el sentido de que no puede ser reparado con (un pago de) daños y perjuicios”, apuntó el Tribunal.

Por lo anterior, se ordenó a México no emprender “ninguna acción que pueda agravar o extender aún más la disputa entre las partes, incluidos más ataques públicos que exacerben la disputa entre las partes, presionen indebidamente a CALICA o Legacy Vulcan, o dificulten potencialmente la resolución de la disputa”, agrega el documento.

En sus conferencias matutinas, desde principios de 2022 a la fecha, el presidente mexicano ha mencionado más de 20 veces la empresa Calica. López Obrador acusa al consorcio de ser responsable de “una catástrofe ecológica” en el municipio de Solidaridad (Playa del Carmen), en el estado Quintana Roo.

Específicamente, el titular del Ejecutivo federal ha dicho que los permisos que tenía la empresa eran irregulares, además de que -desde su perspectiva- fueron obtenidos mediante corrupción.

Presiones hasta penales

En mayo pasado, el gobierno federal clausuró la extracción de piedra caliza que realizaba Calica en terrenos cercanos a Playa del Carmen. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informaron entonces que, tras una inspección, “se advirtió la existencia de probables daños y deterioros graves a los ecosistemas”.

Con esto la Profepa determinó imponer como medidas de seguridad “las clausuras temporales totales de las actividades y obras realizadas en el sitio”, de acuerdo con un comunicado emitido por Semarnat.

Para la empresa, las medidas impuestas por Profepa impiden por completo su producción y exportación de materiales, causando un daño económico, solo para 2022, de entre 80 y 100 millones de dólares.

En su demanda ante el Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones el consorcio argumenta que el gobierno mexicano “ha ignorado una orden de su propio Poder Judicial” que había concedido, provisionalmente, la capacidad de Calica para continuar operando.

La firma se queja además por el “menosprecio público” mostrado por el gobierno mexicano en cuanto a las operaciones e inversiones del corporativo, en tanto que calificó como ilegales diversas presiones emprendidas por las autoridades. “Por ejemplo, a través de procesos penales contra funcionarios de la empresa”.

Asimismo, insiste Calica, “los ataques públicos” durante repetidas conferencias de prensa “son gravemente perjudiciales” para la empresa, “y corren el riesgo de dañar irreparablemente su reputación y capacidad para continuar con las operaciones en México”.

La filial mexicana de la estadounidense Vulcan Materials refiere que la actuación del gobierno federal implicó el “cierre inesperado y arbitrario de las operaciones de la compañía en México”. Además de que se le suspendió su permiso aduanero para poder exportar, y se le amenazó con la revocación de una concesión portuaria.

Por otro lado, al tiempo que sigue el proceso de arbitraje en el Tribunal internacional, los directivos de Calica ya se reunieron hace cinco meses con el presidente López Obrador, y con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

De acuerdo con este último funcionario, el gobierno de México le ha ofrecido a la empresa comprarle sus terrenos en el municipio de Solidaridad, que tienen una extensión de más de 2,000 hectáreas, toda vez que las autoridades no permitirán que ahí se mantengan los bancos de materiales pétreos que explota la firma.

Según Adán Augusto López, Calica ya aceptó una propuesta del gobierno federal para convertir sus instalaciones en un parque natural. Sin embargo, la empresa no está dispuesta a abandonar la cantera que posee en Quintana Roo, sin obtener una indemnización, y el pago de los daños y perjuicios que -dice- le ha ocasionado la actual administración.

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