Seguimientos ilegales y plan contra Maduro: o Duque sabía, o no controla la Inteligencia

Este fin de semana, dos escándalos golpean de frente la inteligencia de este país, y abren un nuevo cuestionamiento sobre el liderazgo del presidente Iván Duque y su ministro de Defensa sobre las Fuerzas Militares y los organismos de inteligencia. Dejan, en evidencia, además que si Duque no sabía, no controla la Inteligencia.

El primero son las nuevas revelaciones de la revista Semana sobre los seguimientos ilegales informáticos por parte del Ejército a los principales corresponsales internacionales en el país, a periodistas colombianos, a políticos de oposición, sindicalistas y ONG e incluso al ex secretario general de la Presidencia Jorge Mario Eastman.

El segundo, tiene que ver con una investigación de la Associated Press sobre el golpe fallido contra Nicolás Maduro planeado por venezolanos de la oposición desde Colombia, y con el conocimiento de la Dirección Nacional de Inteligencia, según contó Clíver Alcalá, el venezolano que estaba al mando de la fracasada operación.

Ambas noticias demuestran que mientras las disidencias siguen creciendo en todo el país (¿dónde está Gentil Duarte? ¿el grupo de Iván Márquez reconstruye sus alianzas?), el ELN se fortalece y la deforestación ilegal se dispara, una parte de los organismos de inteligencia dedican su tiempo y los recursos oficiales a investigar periodistas y políticos que critican al Gobierno o a las Fuerzas Militares y que no representan la más mínima amenaza a la seguridad nacional.  

El principal corresponsal en el que centraron su trabajo de ‘inteligencia’ fue Nicholas Casey.  

Nicholas Casey, el director de la oficina del Times para los Andes, es conocido en Colombia porque hace dos años, dos días antes de la primera vuelta presidencial, sacó un duro artículo en el que revelaba documentos desclasificados de hace dos décadas que hablaban de la supuesta relación del expresidente Álvaro Uribe con la mafia.

También fue uno de los autores de la investigación sobre los causantes del incendio de la ayuda humanitaria que intentó cruzar a Venezuela el 23 de febrero de 2019, y que dejó dudas sobre la versión oficial de que el culpable haya sido el gobierno de Nicolás Maduro.

Con esas y otras noticias, Casey no caía en gracia en el uribismo. Menos cuando fue el periodista del The New York Times que sacó la investigación que la revista Semana había engavetado (y que dio lugar a la primera renuncia del columnista Daniel Coronell), sobre la directiva del Ejército que crea incentivos por dar bajas de los grupos armados. 

La directiva del primer año del Ejército de Duque era polémica por su semejanza con aquella del Gobierno de Uribe a la que se le atribuye haber estimulado los falsos positivos (asesinatos de civiles inocentes para hacerlos pasar como muertos en combate), un crimen por el que están investigados más de dos mil militares. 

Como la misma revista Semana contó después, a raíz de esa investigación, arrancó una cacería de brujas por dar con los militares que habían revelado esa información dentro del Ejército, bajo el liderazgo del general Nicacio Martínez. También se montó un operativo de acoso y seguimientos ilegales contra el periodista de Semana que adelantó la investigación, incluyendo una negociación que fracasó con un sicario.

No obstante las denuncias que finalmente hizo Semana contra Martínez, el presidente Iván Duque se salió del camino para hacerle una despedida con honores al general Nicacio, que renunció por ‘motivos personales’. Fue de tal magnitud la ceremonia, que dos periodistas que cubren esos eventos nos dijeron que quedaron impresionados por la generosidad del Presidente.  

El mensaje a las Fuerzas de ese conmovedor adiós fue que Duque estaba de acuerdo con lo que sucedía bajo el mando del militar, toleraba esos abusos o que estos escándalos podían existir en las fuerzas sin que él se percatara.

Como el escándalo de las chuzadas en ese momento mencionaba a “un político importante” del partido del Presidente, el Centro Democrático, (Semana sabía el nombre pero nunca lo reveló, aunque en un acto inédito sacó un comunicado de la compañía diciendo que no era Álvaro Uribe), la reacción del Gobierno fue más que todo defensiva. 

El Ministro de Defensa dio la protocolaria declaración de que se “llegaría al fondo del asunto” como también la dio hoy el presidente Duque a raíz del segundo artículo de Semana.  Según supo La Silla, en efecto el Ministro ordenó en enero las pesquisas pero, aprovechando el desconocimiento que tiene de cómo funcionan las Fuerzas, los militares le embolataron la respuesta. 

El general Eduardo Zapateiro, que reemplazó a Nicacio, intentó sacar a algunos de los involucrados, pero según una fuente que tiene por qué saberlo, el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, prefirió simplemente moverlos de lugar, a algunos al Comando General, mientras se enfriaba el escándalo.  “Saben demasiado”, fue la explicación de nuestra fuente. 

De cualquier forma, pasaron cuatro meses y el Gobierno nunca anunció los resultados de su investigación. Semana tampoco profundizó en el tema, a pesar de que en otros medios trataron de deslegitimar su investigación.

Hasta ayer, cuando reveló nuevos nombres de los ‘blancos’ de seguimiento informático por parte del mismo batallón de ciberinteligencia del Ejército. 

Ahora sí importa

Coincidencialmente, 24 horas antes de la nueva publicación de Semana, y cuando ya estaban advertidos de la nueva denuncia, el ministro de Defensa Trujillo emitió el viernes un comunicado en el que anunció que 11 oficiales y un Brigadier General saldrán del ejercicio activo por investigaciones relacionadas con las chuzadas ilegales denunciadas hace unos meses. El Presidente Duque, por su parte, trinó “no toleraré a quienes deshonren el uniforme o realicen prácticas contrarias a la ley. Pedí a @CarlosHolmesTru, desde que llegó a @mindefensa, adelantar rigurosa investigación de labores de inteligencia de últimos 10 años.”

Las denuncias de ahora, en su mayoría, no implicaban interceptaciones ilegales sino solo seguimientos informáticos con información mayoritariamente abierta, cruzando en algunos casos, bases de datos oficiales cuya consulta es ilegal sin que medie una orden judicial. Pero, en el caso de Casey, trataron, por ejemplo, de averiguar quiénes eran sus fuentes.  

Hacer un mapeo de la oposición política o de quienes pueden bloquear una agenda es una labor que puede hacer cualquier gobierno para preveer qué obstáculos tendrán sus políticas. Pero eso no puede ser una labor de los organismos de inteligencia (mucho menos de las Fuerzas Militares), ni puede hacerse para desprestigiar a los opositores ni dandoles el tratamiento de un enemigo del Estado.

En este caso, esos seguimientos tienen un componente que sí suele traer repercusiones: varios de los blancos de seguimiento son estadounidenses, que estaban siendo espiados con software y equipos donados por los gringos.

Los equipos, según supo La Silla, les fueron retirados por la CIA apenas se hicieron las primeras revelaciones a comienzos de año. Pero ahora lo que está en juego es la plata que estaba pendiente de aprobarse en Estados Unidos para los organismos de inteligencia.

También está en juego la imagen del presidente Duque frente a las autoridades gringas, algo sobre lo que él es particularmente sensible.

En todo este episodio, parece quedar claro que parte de los seguimientos a los corresponsales es producto de corrupción.

“Esa agencia de inteligencia extranjera entregaba a los batallones de ciberinteligencia aproximadamente 400.000 dólares anuales para adquirir equipos y herramientas informáticas”, explica Semana. Y cita a uno de los uniformados de esa unidad militar: “Algunos (militares) se quedaban con una parte de ese dinero y fabricaban informes ficticios para legalizar esos recursos con los gringos. Con lo que sobraba compraban los ‘software’ y demás herramientas para hacer esos trabajos especiales”.

Pero hay otras preguntas. 

¿Quién pedía los perfilamientos?

La primera, y más obvia, es ¿quién pidió hacer esos perfilamientos? y ¿Quién se beneficiaba de usar la información que consiguieran?

Hay otra, más clave aún:  ¿El Presidente Duque sabía? 

El ‘perfilamiento’ de esos corresponsales, políticos y periodistas colombianos corresponde a la primera fase del trabajo de inteligencia. La segunda fase, que es el ‘ataque’, consiste en hackear a los perfilados o en chuzarlos una vez el que pide el trabajo de perfilamiento evalúa si el ‘blanco’ vale la pena o no la acción ilegal. 

Saber con quién había hablado Casey era de interés directo para el general Nicacio, responsable por la polémica directiva.

Así lo explica Semana: “La orden de los mandos del Bacib, Caimi y Caci, fue que, por instrucciones de mi general, había que conseguir todo lo que se pudiera sobre el periodista gringo, especialmente porque consideraban que, por lo que publicó, estaba atacando a la institución y, en particular, a mi general Martínez. Había que averiguar con quién habló para eso y, además, conseguir elementos para tratar de desprestigiarlo a él y al medio. Eso se hizo con unos portales”, afirmó uno de los oficiales designados para esa labor.

“Rozo fue uno de los encargados de pagarle, entre otros, a un supuesto periodista muy conocido por tener procesos judiciales por golpear mujeres, para que publicara cosas falsas, amañadas, sacadas de esos perfiles”, contó a Semana el uniformado.

Gustavo Rugeles, el bloguero investigado penalmente por golpear a su pareja, y director de ElExpediente.com, sacó un negando haber recibido pago alguno de agentes de inteligencia para perjudicar a terceros y acusando al director de Semana, Alejandro Santos, de querer desprestigiarlo por las investigaciones que sacó su medio contra la presunta corrupción del expresidente Santos en la aviación del Ejército. Dijo también que nunca ha escrito sobre periodistas de The New York Times o sobre Casey. 

El Expediente sacó a raíz de la salida de Nicacio un artículo que lo presentaba como víctima de la corrupción de su antecesor durante el gobierno de Juan Manuel Santos, el general Alberto Mejía.

Y a raíz del escándalo publicado por The New York Times, el mismo medio, que forma parte de una constelación de páginas web que publican y se retrinan entre sí historias y editoriales afines al uribismo, republicó en esas fechas una columna de Abelardo de La Espriella titulada “El New York Times o la palabra de Dios”, que el abogado publicó originalmente en su site Sincensura.co y otros blogs como ElExpediente y Los Irreverentes republicaron como lo hacen todas las semanas.

En dicha columna, De la Espriella dice que: “Hay un claro sesgo en la información publicada por el NYT, en lo atinente a la Fuerza Pública y el proceso de paz con las Farc, y no se trata de una coincidencia; todo lo contrario: asistimos a la ejecución de una estrategia burda de desprestigio sistemático contra el gobierno Duque, auspiciada por la mamertería foránea y local, léase: George Soros, Santos y compañía ilimitada”.

Luego pasa a desacreditar a Casey: “Si no es una conspiración, ¿cómo se explica entonces que el autor del artículo miserable en contra de nuestras fuerzas militares, Nick Casey, sea respaldado sin restricciones por el NYT, a sabiendas de que ese reportero fue seriamente cuestionado en el pasado, por hacer un análisis “especulativo” sobre Hamas y el estado de Israel, sin que la información fuera cierta?”.

En redes, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, lideró la campaña de desprestigio contra Casey con el hashtag #CaseyEsFakeNews. El trino mezclaba una foto de Casey con una imagen del fotógrafo Federico Ríos, también mencionado en los perfiles del Ejército. 

Este es el “periodista” Nicholas Casey, que en 2016 estuvo de gira con las farc en la selva.
¿Cuánto le habrán pagado por este reportaje? ¿Y por el de ahora, contra el ejército de Colombia? #CaseyEsFakeNews pic.twitter.com/EQdhqM2i1c

— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) May 18, 2019

A Jorge Mario Eastman, el entonces secretario general de Palacio y ahora embajador en el Vaticano, lo perfilan una semana después de que fue a la revista Semana a tratar de convencerlos de no publicar la investigación alrededor de la directiva. Ya para entonces, Eastman era visto con sospecha por miembros del Centro Democrático y tenía una pelea con Luigi Echeverry, el también amigo y ex jefe de Iván Duque.

El perfilamiento de los periodistas colombianos de Rutas del Conflicto se dio después de que pusieron un derecho de petición solicitando información pública a las Fuerzas Militares sobre 200 convenios entre las Fuerzas Militares y empresas privadas, en su mayoría del sector mineroenergético. Las Fuerzas Militares solo les dieron una información parcial cuando perdieron una tutela y el juez los obligó a darla. El proyecto, ejecutado en alianza con la Liga del Silencio, una asociación de periodistas independientes, muestra que los recursos estaban siendo usados para adquirir paquetes turísticos, remodelar capitas y tiquetes aéreos para militares, comprar instrumentos militares, entre otros. La investigación también mostró convenios similares entre las empresas y la Fiscalía.

Los otros ‘blancos’ de investigación son los críticos corrientes del Presidente, como los senadores verdes Angélica Lozano, en ese entonces vicepresidente del Senado en representación de la oposición, y Antonio Sanguino, de la Comisión Segunda, que está a cargo de revisar y aprobar ascensos militares, entre otros temas.

Lozano fue una de las que ayudó a la representante verde Juanita Goebertus y a otros miembros de la oposición a mover la moción que lideraban en la Cámara frente al entonces ministro de Defensa Guillermo Botero por sus salidas en falso, el asesinato por parte de unos miembros del Ejército al excombatiente de las Farc, Dimar Torres y la investigación de Casey, que el Times acababa de publicar. 

La denuncia de Semana se suma a otra, que pasó también sin respuesta oficial, que hizo a mediados de febrero el teniente coronel Álvaro Amórtegui. En un video que publicó en redes sociales, Amórtegui denunció que al interior del Ejército estaban chuzando a los oficiales para presionarlos que no denunciaran la corrupción al interior de las Fuerzas. 

Aseguró que la inteligencia al interior de las Fuerzas Armadas estaba siendo utilizada por algunos generales como una “herramienta sistemática para intimidar a los oficiales que no nos alineamos con sus políticas”.

Le pidió al presidente Duque y al Ministro de Defensa que investigaran los hechos. Dos semanas después, en otro video, publicado el 26 de febrero, Amórtegui denunció que había recibido amenazas por sus denuncias y dijo que extendería sus denuncias ante la Justicia Penal Militar.  La respuesta oficial del Gobierno es que investigarían, y hasta el sol de hoy.

El escándalo del DAS hace más de 15 años fue muy grave porque implicaba usar la inteligencia para perseguir periodistas críticos del gobierno, magistrados que investigaban al primo de Uribe y políticos de la oposición. Era una información conseguida ilegalmente para que la usaran en la Presidencia de Uribe. Ahora, es aún más peligroso, pues ni siquiera lo hace el organismo al servicio del Presidente sino que es la inteligencia del Ejército, que tiene la capacidad de actuar sobre esa información con las armas que tiene a su disposición.  En el escándalo pasado, Semana decía que la información era para un político del Centro Democrático. Ahora no dice para quién ni si Duque sabía.

Como ya había contado La Silla, solo en 2020 ha habido seis grandes escándalos relacionados con el Ejército que muestran el desorden interno y la falta de liderazgo civil sobre las fuerzas. La mayoría de ellos relacionados con los organismos de inteligencia del Ejército.

Pero el viernes fue revelada otra noticia que también deja muy mal parado, internacionalmente, al Presidente y que pone en evidencia, en el mejor de los casos, su falta de control sobre los organismos de inteligencia. Esta vez sobre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), un departamento administrativo que depende directamente del Presidente y existe para hacer la inteligencia que él le pida. A diferencia de la inteligencia militar, el Presidente designa libremente su cabeza. 

La investigación de la AP

Una investigación de la Associated Press reveló con todo tipo de detalles el fracasado plan de tumbar a Nicolás Maduro en una operación ideada por opositores venezolanos del régimen del dictador.

Con base en entrevistas a más de 30 oponentes de Maduro y personas que participaron directamente en la operación o conocían el plan, el medio contó la historia de esta conspiración que se conoció brevemente en los medios hace un mes cuando Estados Unidos le formuló cargos penales a Maduro, a casi todo su círculo y a Cliver Alcalá, un ex militar venezolano, quien estaba a cargo de la conspiración.

Según la AP, Alcalá contó cómo él había seleccionado 300 soldados rasos que habían abandonado a Maduro, y que decenas de ellos estaban en tres campamentos en La Guajira. La idea es que ese ejército cruzara la frontera en camiones con armas y en 96 horas llegara a Caracas. Tenían la ilusión que los militares de Maduro -desmoralizados y con hambre- “colapsaran como fichas de dominó”, según la AP.

AP dice que no encontró ningún indicio de que autoridades de Estados Unidos avalaran las acciones ni que Trump hubiera autorizado una acción encubierta en contra de Maduro.  “Pero las autoridades colombianas sabían de sus movimientos, así como políticos prominentes de Venezuela y exiliados en Bogotá, algunos de los cuales compartieron sus conocimientos con autoridades de Estados Unidos, según dos personas que conocieron las discusiones”, dice la AP.

Un exfuncionario colombiano que lo supo de primera mano le dijo a la AP que Alcalá “abiertamente le contó sus planes de una incursión a la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia en una reunión en junio y pidió su apoyo”.  Y el mismo Alcalá lo reconoció abiertamente en medios.

“Cuando los colombianos chequearon con sus contrapartes de la CIA en Bogotá, les dijeron que el ex Boina Verde (que entrenaba a los militares de Alcalá) nunca había sido un agente. Los huéspedes le dijeron a Alcalá, entonces, que dejara de hablar de una invasión o que se arriesgaría a que lo expulsaran, dijo el ex funcionario colombiano a la AP”.

En otras palabras, aunque la Dirección de Inteligencia sabía que se planeaban un golpe contra otro país desde Colombia no se movió a denunciarlo públicamente ni a expulsar al golpista del país ni a desmantelar los campamentos de subversivos venezolanos en la Guajira.

El plan finalmente fracasó a principios de marzo cuando uno de los militares voluntarios fue arrestado después de cruzar la frontera a Venezuela. Y poco después, la policía colombiana paró un camión lleno de armas y equipos por un valor superior a los 150 mil dólares. Y Alcalá se entregó a las autoridades gringas y está en custodia en Nueva York esperando su juicio.

Frente a este incidente, no es claro si el presidente Duque fue comunicado por el DNI de los planes de Alcalá o si el vicealmirante (r) Amaya Kerguelen se guardó esa información para sí mismo. Cuando La Silla Vacía le pidió a su portavoz Hassán Nassar, una declaración del Presidente al respecto, la respuesta es que el Gobierno no daría declaraciones al respecto. Solo se quería referir al indictment contra Maduro.

Ahora que entre las víctimas de los seguimientos ilegales hay estadounidenses, y que congresistas de ese país claves para la cooperación con Colombia se han mostrado escandalizados, seguramente el presidente Duque intentará ejercer sobre las Fuerzas Militares y los organismos de inteligencia el liderazgo presidencial que ha faltado desde que se posesionó so pena de quedar como cómplice de estos abusos.  

Nota de la Directora: después de publicada la historia, agregamos una frase sobre la defensa que hizo Rugeles en su página.