Ciudad de México.- La consigna al final del sexenio pareciera mandar cerrar los casos a toda prisa y preparar la libertad de algunos de los protagonistas de los mayores escándalos de corrupción, como otros tantos ejemplos del alcance limitado de la justicia. De la aplicación selectiva de la ley, de la que pide relevar o rebajar al centinela encargado de observar su cumplimiento, especialmente cuando se trata del poder político. La contraseña para tener libre acceso al manejo de recursos públicos sin que las instituciones puedan demostrar su desvío o enriquecimiento inexplicables que, sin embargo, marcan el sello de la actual administración.

¿Cuántas facturas dejará por pagar el gobierno de Peña Nieto y de los gobernadores acusados por corrupción? Lo más preocupante de la debilidad de procuración de justicia para cobrar facturas es que la repetición de casos genera patrones que normalizan la acción y el efecto de corromper y de corromperse. La lista de denuncias en los últimos seis años es larga y va desde el vértice del Ejecutivo con las acusaciones sobre tráfico de influencias de contratistas en la Casa Blanca de la familia presidencial hasta los presuntos desvíos millonarios de Rosario Robles en Sedatu y Sedesol por La Estafa Maestra; la persecución y fuga del exgobernador de Chihuahua, César Duarte; la liberación del exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, o de Elba Esther Gordillo; hasta la sentencia a Javier Duarte, por primera vez como consecuencia de una investigación periodística, aunque en tres años pondrá en la calle al símbolo de la corrupción en este sexenio.

Cada uno de ellos asemeja a un modelo para sacar una cosa igual, o muy parecida, en la forma en la operación del delito, la incapacidad de la ley para sancionar adecuadamente y el estado de impunidad en que generalmente derivan los escándalos de funcionarios o del mundo de la política. Por supuesto, da la impresión de que la multiplicación de casos no se trata de la repetición de conductas individuales, sino de un mecanismo en el que el conjunto de partes está adecuadamente dispuesto para funcionar con la lógica de la corrupción.

Evidentemente, uno de los mayores retos del próximo gobierno será desactivar el modus operandi que permite condenar a Duarte por delitos graves como asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita con sanciones decepcionantes de 60 mil pesos o el acuerdo para salir libre en tres años. Que permite la intervención de la justicia federal para liberar a Gutiérrez, a pesar de que la propia SHCP reconociera que el presunto desvío de 250 millones de pesos compete al fuero local de Chihuahua. Que permiten se sumen 16 denuncias de la ASF entre 2015 y 2018 a las gestiones de Rosario Robles en Sedatu y Sedesol sin que pase nada.

La resistencia de los patrones demuestra que se necesitará más que el ejemplo del próximo Presidente para golpear de frente a la corrupción. Se requerirá de acciones para desagregar las partes del mecanismo, cambios legales que impiden la extradición de Duarte a pesar de las órdenes de aprehensión en su contra, o que las leyes abran la puerta al doble racero como con el exgobernador de Veracruz; que la justicia federal entorpezca el caso de Gutiérrez o que la PGR no pruebe las acusaciones contra Duarte o Gordillo tras señalarle cargos graves.

La acumulación de deudas sin cobrar de estos y muchos otros casos se ha convertido en un reloj para las instituciones. Uno de los cambios más alarmantes es la profunda erosión de la confianza que no podrá revertirse sin resolverse o sancionarse casos emblemáticos. Otro de los factores que juegan en contra del ofrecimiento de “borrón y cuenta nueva” de López Obrador. En efecto, hay poco tiempo si se considera el agotamiento de la confianza social, que cayó al nivel más bajo del mundo, 11 por ciento, desde 34 por ciento que tenía en 1990, según la Encuesta Mundial de Valores. A partir del próximo 1 de diciembre correrá quizá una última oportunidad, aunque hoy poco ha condenado el gobierno entrante de la limpia de expedientes del actual.

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