AMLO, transición democrática y reforma administrativa. Parte I.

El motor de la polarización política actual

Son dos los grandes espacios de la vida pública en México los que hoy se disputan agudamente en la coyuntura electoral y lo serán hasta 2024: las insuficiencias y retrocesos de la transición democrática en México y los contenidos de la transformación hacia una vía alternativa de desarrollo que el Presidente AMLO ha denominado 4T-4R, explicitada ahora en su promesa de reforma administrativa. 

Este es el motor de la polarización política actual, la bifurcación de las concepciones y la confrontación nacional en los diversos temas de la agenda política. Es necesario esclarecerlo y debatir con la máxima altura posible. La paranoia y los exabruptos no ayudan. Quienes tenemos el privilegio del espacio periodístico, académico, televisivo o radial, y aún en algunos espacios de las redes, estamos obligados a ofrecer altura a nuestros posibles receptores.

La negociación entre el desaparecido Partido Comunista Mexicano (PCM) y el gobierno del PRI encabezado por José López Portillo y Jesús Reyes-Heroles (1977) luego del tremendo fracaso de la campaña electoral sin oponente que tuvo JLP y que derrumbó el viejo y tramposo sistema electoral, de instituciones, marco normativo-legal, prácticas de facto, fraudes, y todo lo sabido, que tenía mucho más de simulación e imposición que de juego democrático, más las enseñanzas del contexto internacional, señaladamente, la pactada transición democrática posfranquista en España y el relajamiento dictatorial militar en América Latina, más la amenaza de la “revoluciones conservadoras” en el mundo anglosajón (Gran Bretaña con Tatcher y EUA con Ronald Reagan) indujeron a JLP a una reforma electoral que abrió la vía para la nueva representación política en el Congreso y la alternancia política en México varios lustros después. Pero quedaban muchas asignaturas pendientes, estábamos al inicio de una de las más largas y tortuosas transiciones hacia la democracia en el mundo, de todas las que ha habido.

El fraude electoral de 1988

Luego vino la ruptura mayor dentro del PRI con la Corriente Democrática encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, la formación del Partido Mexicano Socialista (PMS) precedida del PSUM (Partido Socialista Unificado de México) que aglutinó a la parte mayoritaria de la izquierda socialista y nacionalista revolucionaria, y el fraude electoral de 1988, aceptado por Miguel de la Madrid (Martha Anaya, 2009). 

El fraude de 1988 retrotrajo la historia política varias décadas y colapsó las reformas electorales PAN-Salinas y la transición misma, y de allí en adelante, se alternaron los zigzagueos propios de una transición a la democracia tortuosa, prolongada y con claudicaciones monumentales de sus principales protagonistas, que fue pactada en sus inicios, que pretendió reafirmarse con el gobierno de Ernesto Zedillo (recordar “la reforma electoral definitiva”) y que nuevamente abandonó el PAN desde el poder en 2006 (“traidor a la democracia le decía AMLO a Vicente Fox Presidente) y en 2012 Calderón permitió “la estructura de financiamiento paralelo” para que ganara EPN mediante la compra masiva del voto (lo documentó el INE) como parte del acuerdo Calderón-Peña que prolongó en ambos gobiernos” la “captura del Estado” con Odebrecht, Altos Hornos y los grandes negocios de robo en torno a las empresas energéticas de México.

Para el PAN la transición concluyó con su ascenso al poder en 2000 y para el PRI también al entregar el poder a la oposición de derecha. La izquierda aglutinada entonces en el PRD continuó bregando por su verdadera consumación y por darle una amplitud mucho mayor que lo concerniente al sistema electoral y de partidos: era necesario luchar desde allí por un nuevo modelo económico ante los estragos que causaba ya el modelo neoliberal (la grave crisis de 1994-96) y por un cambio en la estructura social en donde se profundizaba la desigualdad y la pobreza.

La emergencia y empoderamiento de la criminalidad transnacional (incluimos en el concepto la de “cuello blanco”) en los años 90 y en el siglo XXI como gran poder fáctico, entre otros macro factores ligados al modelo económico-social, evidenció cuatro fallas fundamentales de la transición democrática en México: 

i) la enorme debilidad de diversas instituciones del Estado y su gran vulnerabilidad ante este nuevo poder social fáctico-criminal y violento que han combatido sin eficacia.

ii) la extrema fragilidad de nuestras instituciones de seguridad incluyendo los cuerpos armados del Estado ante el poder corruptor de la criminalidad organizada.

iii) la penetración del propio primer círculo del poder presidencial por el narcotráfico (escuchar las revelaciones sobre las relaciones narco-familia Salinas que hizo Miguel de la Madrid a Carmen Aristégui en entrevista que le valió un Premio Nacional de Periodismo, y las revelaciones del ex director de la DEA sobre financiamiento narco a la campaña de EPN presentadas en la revista Proceso).

iv) las graves deficiencias de la administración, promoción e impartición de justicia, que permitió la entronización del más escandaloso ciclo de corrupción-impunidad de la época contemporánea en México.

v) los procesos de “captura del Estado” mediante una “Mafia de Estado” que pactó con poderes extranjeros “negocios fraudulentos” al calor de las “reformas de mercado y libre competencia” para el desmantelamiento de las empresas energéticas del Estado (Pemex y CFE) y también permitió la penetración en su estructura administrativa y directiva de grupos mafiosos de funcionarios públicos que se aliaron con el crimen transnacional (“El Cartel Negro” de Ana Lilia Pérez), así como, el control de las aduanas en México (misma autora “Mares de Cocaína), y la vulneración del Sistema Tributario favorable a los grandes consorcios privados. 

Hasta aquí tenemos cuádruple fracaso: en la transición democrática, la democratización del régimen político presidencial, el bienestar social mediante el neoliberalismo y el fortalecimiento del Estado mexicano, más debilitado por la corrupción generalizada.

El complemento de todo ello fue la multiplicación de organismos autónomos constitucionales (desde la década de los años 90, no previstos en la Constitución, sino incorporados a ella) que sustrajeron funciones a las distintas secretarías del despacho de la Presidencia y el Congreso, varias de ellas pactadas o explícitamente aprobadas por la izquierda, señaladamente, Banxico, el IFE-INE, la CNDH, por ejemplo, que pudiéramos entender como un esfuerzo de descentralización administrativa y política del Estado mexicano, así como la agregación de importantes funciones públicas útiles socialmente (no olvidar que Salinas habló de la Reforma al Estado), pero no es el caso de los organismos autónomos de perfil económico orientados a fortalecer y hacer irreversibles las reformas económicas que implantaron el modelo económico-social neoliberal, especialmente la apertura de los mercados reservados a la empresas públicas, la venta masiva de empresas, en general, “el adelgazamiento del Estado”). Aquí hay una situación distinta que el propio Presidente AMLO debe clarificar para presentar con precisión la impugnación a ciertos organismos, no a todos. La generalización no ayuda al debate claro.

Luego se otorgó autonomía y se crearon nuevos organismos autónomos: para el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (INEGI), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y en el gobierno de AMLO, se creó con ese estatus de autonomía, la Fiscalía General de la República (FGR).

Todos estos organismos o instituciones constitucionales descentralizan la función pública en términos de regulación, evaluación y control, pero de igual manera introducen interrogantes fundamentales sobre su rango preciso con relación a otros poderes y funciones del Estado, y sobre si en la experiencia concreta de los últimos 20 años han favorecido la regulación y el control democrático, el cumplimiento de las libertades constitucionales, la preservación de los bienes públicos, o si han protegido el patrimonio público del Estado y los mexicanos, o en contrario, si han favorecido la creación de una casta privilegiada de funcionarios públicos que no han producido los resultados para los que fueron empleados en tales organismos.

Las generalizaciones arbitrarias o que simplifican los términos de la materia en debate, no ayudan, confunden y se vuelven guerra de epítetos y calificativos, descalificaciones sin sustancia. El Presidente AMLO en su última conferencia de prensa (“mañanera”) impugnó en bloque a los organismos autónomos (o por lo menos esa impresión dio), la que considero que NO es su postura real, y habló de un proyecto de reforma de la administración pública federal que eliminaría este tipo de organismos (en la generalización hecha).

No, se debe tratar de un proceso selectivo sobre la base de un dictamen técnico riguroso de su desempeño, de la relación costo-beneficio y de su utilidad pública efectiva. Lo que haya reportado la Auditoría Superior de la Federación en principio es muy importante. La oposición yerra una vez más: no pueden defender en bloque todo al margen de auditorías de desempeño y demás evidencias que deben ponerse sobre la balanza. Y menos tratar de construir un nuevo “escándalo mediático”, sino abonar a una valoración y reflexión propositiva, seria y ponderada, sin exabruptos.

Abundaremos en ello en nuestra próxima entrega la siguiente semana.